Recordamos a las Víctimas

Los Hechos

Preguntas y Respuestas

¿Qué sucedió el 24 de febrero de 1996?
El 24 de febrero de 1996, aviones caza de la Fuerza Aérea de Cuba derribaron ilegalmente sobre aguas internacionales del Estrecho de la Florida, dos pequeñas avionetas civiles sin armas piloteadas por ciudadanos de Estados Unidos. Los cuatro hombres que iban abordo – Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales – murieron al instante. No se pudo recuperar ni los cadáveres de las víctimas ni los restos de las avionetas.
¿Quiénes eran Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales?
Alejandre, Costa, De la Peña y Morales eran miembros de una organización sin fines de lucro del sur de la Florida llamada Hermanos al Rescate. Costa, de 29 años de edad, y De la Peña, de 24, habían nacido en Estados Unidos; Alejandre era ciudadano estadounidense por naturalización y había prestado servicio como miembro de la Infantería de Marina de EE.UU., y Morales era un ciudadano cubano residente en los EE.UU.
¿Qué es Hermanos al Rescate?
Hermanos al Rescate (H.A.R) fue fundada en 1991 como una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los balseros cubanos y de otras nacionalidades que intentaban la peligrosa travesía del Estrecho de la Florida. Durante varios años, numerosos pilotos civiles de diversas nacionalidades se ofrecieron como voluntarios para buscar a balseros cubanos y visitar centros de detención para refugiados en otros países con vistas a proporcionar a los balseros alimentos básicos, ropa y ayuda humanitaria.
¿Por qué volaban hacia Cuba aquel día?
El plan original de vuelo para el 24 de febrero era viajar a las Bahamas para proporcionarle ayuda humanitaria a los balseros que se encontraban en centros de detención en ese país caribeño. En la tarde del viernes 23 de febrero, H.A.R. recibió la notificación que su visita a las Bahamas había sido negada a causa de la visita de una delegación cubana que tomaría lugar el mismo día. Los miembros de la organización optaron por un plan alterno de realizar una misión de búsqueda y rescate, conforme con los patrones normales de vuelo de H.A.R.
¿Dónde se encontraban las avionetas cuando fueron derribadas?
Las avionetas fueron derribadas 21 y 22 millas respectivamente al norte de la costa de Cuba. De acuerdo con una investigación realizada por la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OIAC), ambas avionetas volaban sobre aguas internacionales cuando fueron derribadas. Ninguna de ellas había penetrado en aguas territoriales de Cuba. El informe emitido por la OIAC establece que la primera avioneta Cessna, identificada con la matrícula N2456S, fue derribada a 9 millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, y que la segunda avioneta Cessna, identificada con la matrícula N5485S, fue derribada a aproximadamente 10 millas fuera del espacio aéreo territorial cubano. Los resultados del informe de la OIAC fueron aceptados por numerosas organizaciones internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Qué es el paralelo 24?
El paralelo 24 se encuentra al norte de las 12 millas de las aguas territoriales de Cuba, en un punto medio entre los EE.UU. (Cayo Hueso) y Cuba. El mismo no es la línea de demarcación de las aguas territoriales cubanas. Es el límite más al norte de la Región de Información para Vuelos de La Habana, un área por donde vuelan regularmente aeronaves comerciales y civiles. Las costumbres de la aviación sólo requieren que los aviones que atraviesen por esta área comuniquen sus planes de hacerlo a los controladores de tráfico aéreo de La Habana. El día de su derribo, las avionetas de Hermanos al Rescate se identificaron e hicieron el informe correspondiente a los controladores de tráfico aéreo de La Habana, tal como se acostumbra, con respecto a sus planes de atravesar el paralelo 24.
¿Cuándo se ordenó a los MiG cubanos despegar para perseguir a las avionetas de Hermanos al Rescate?
Los MiG cubanos recibieron la orden de despegar mientras que las avionetas aun se encontraban en espacio aéreo internacional y en la Región de Información para Vuelos de los EE.UU.
¿El derribo de las avionetas constituye una violación de las leyes internacionales?
Sí, el derribo constituyó una violación flagrante de las leyes internacionales, dado que las dos avionetas derribadas nunca habían penetrado el espacio aéreo cubano. La regla de consetudinareidad internacional exige que los Estados se abstengan de utilizar armas contra las aeronaves civiles, independientemente de si el avión en cuestión ha violado el espacio territorial del país. Las armas sólo se utilizarán como último recurso si la seguridad del país está en peligro. Los estados no están en libertad de burlar las prácticas internacionales aceptadas de la aviación ni las leyes internacionales, aun dentro de su propio espacio aéreo territorial.
¿Tenía la Fuerza Aérea de Cuba otros medios a su disposición?
Sí, la Fuerza Aérea de Cuba tenía otros medios a su disposición para detener a las avionetas, tales como comunicarse con ellas por radio, darles órdenes de aterrizar o bien conducirlas fuera del área. Estas son las prácticas aceptadas de intercepción de aeronaves civiles. La Fuerza Aérea de Cuba ignoró dichos procedimientos y procedió a destruir las avionetas sin previo aviso y mientras volaban en espacio internacional.
¿Fue este derribo un ataque premeditado?
Sí. En las comunicaciones radiales entre el MiG29 y la base militar, se pone de manifiesto que los aviones caza buscaban un blanco específico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha llegado a la siguiente conclusión: De las circunstancias que rodearon a los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, del volumen y uso desproporcionado e indiscriminado de fuerza letal que se utilizó contra las avionetas civiles y de la forma en que las autoridades de la Torre de Control Militar de La Habana felicitaron a los pilotos del MiG-29 después de haber cumplido sus órdenes, la Comisión considera suficientemente probado que Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre fueron objeto de una ejecución arbitraria o extrajudicial por parte de agentes del Estado cubano. Los tribunales estadounidenses también encontraron al Estado cubano culpable de la premeditación del derribo. El Juez de Distrito James Lawrence King inculpó en corte al Estado cubano por haber planeado el derribo antes del ataque y afirmó que hubo suficiente tiempo para avisar a los aviones de Hermanos al Rescate. Además, la Juez de Distrito de EE.UU. Joan Lenard y un jurado hallaron culpable de conspiración para cometer asesinato al espía cubano, con base en Miami, Gerardo Hernández, debido al papel que desempeñó en proporcionar información al gobierno cubano sobre los planes de vuelo de Hermanos al Rescate.
¿Quién fue el responsable de la muerte de estos cuatro hombres?
En una entrevista con el periodista de la cadena televisiva CBS, Dan Rather, Fidel Castro señaló que la Fuerza Aérea había actuado siguiendo sus instrucciones y que él asumía la responsabilidad por el derribo. Las familias de las víctimas también han recopilado los nombres de más de 10 ciudadanos cubanos que son responsables por las muertes de Armando, Carlos, Mario y Pablo.
¿Cómo respondió al derribo el gobierno cubano?
El gobierno cubano aceptó la responsabilidad por el derribo pero contrario a los hechos establecidos, ha insistido que los aviones fueron derribados sobre las aguas territoriales de Cuba. Varias organizaciones han pedido que el Estado cubano responda a acusaciones específicas sobre el derribo pero el régimen se ha negado a hacerlo. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le pidió al Estado cubano que respondiera a las acciones y violaciones de las que se le acusaba. En siete oportunidades diferentes, entre 1996 y 1998, la Comisión solicitó una respuesta, y no recibió ninguna. En julio de 1999, venció el plazo para emitir una respuesta; el gobierno cubano nunca respondió a las peticiones de la Comisión.
¿Cómo han reaccionado las organizaciones internacionales ante el derribo?
Se produjo una condena general a nivel internacional ante el derribo: el Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Aeronáutica Civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA han condenado el derribo.
Desde que se produjo el derribo, ¿qué han hecho las familias de las víctimas en busca de justicia?
Contra la Fuerza Aérea de Cuba y el gobierno cubano:
Las familias de las víctimas iniciaron una demanda civil contra la Fuerza Aérea de Cuba y el gobierno cubano. En 1997, el Juez Superior de Distrito de EE.UU., Lawrence King, falló que el gobierno cubano tenía que retribuir a las familias de Alejandre, Costa y De la Peña, debiendo pagarles una suma multimillonaria en concepto de indemnización compensatoria. (Pablo Morales no fue incluido en el fallo debido a que no era ciudadano o residente de Estados Unidos.) El fallo civil en el tribunal federal de EE.UU. contra la Fuerza Aérea de Cuba y el gobierno cubano representó una pérdida multimillonaria para el gobierno de Cuba. El dinero pagado a las familias fue tomado de pagos debidos a Cuba por compañías de telecomunicaciones y eran parte de intereses cubanos congelados en los EE.UU. En ningún momento se incluyó fondos de impuestos en la suma de indemnización.
Contra militares y miembros de la inteligencia cubana:
Las familias también han procurado conseguir el enjuiciamiento penal de los militares responsables del derribo. Tras el derribo, viajaron en reiteradas ocasiones a Washington, D.C. para reunirse con varios funcionarios del gobierno norteamericano en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia para pedir el encauzamiento de los responsables. Finalmente en el mes de agosto de 2003, un gran jurado federal emitió una acusación contra el General Rubén Martínez Puente, quien en aquel momento encabezaba la Fuerza Aérea de Cuba, así como contra los pilotos de guerra Lorenzo Alberto Pérez-Pérez y Francisco Pérez-Pérez. Los demandados fueron inculpados de cuatro cargos de asesinato, un cargo de conspiración para matar a ciudadanos de Estados Unidos y dos cargos de destrucción de una aeronave.
En mayo de 1999, un gran jurado federal emitió el encauzamiento del espía cubano Juan Pablo Roque. Roque, quien había sido miembro de la organización Hermanos al Rescate durante varios años, desapareció de Miami el día antes del derribo y reapareció en Cuba posteriormente. Aunque el encauzamiento se limita a su desempeño en los EE.UU como un agente encubierto de un gobierno extranjero, se cree que Roque le proporcionó información al gobierno cubano sobre los planes de vuelo de Hermanos al Rescate.
Además, un hombre, Gerardo Hernández, fue condenado por conspiración para cometer asesinato durante el juicio de la red de espías cubanos en Miami, conocida como la Red Avispa. Hernández fue hallado culpable de proporcionar información y apoyar el plan de derribar las avionetas de Hermanos al Rescate.
Las familias siguen buscando el encauzamiento de los oficiales involucrados en el derribo, incluyendo al Ministro de las Fuerzas Armadas Raúl Castro. Aunque por su propio reconocimiento Fidel Castro es el autor intelectual y moral del derribo, es imposible bajo las leyes internacionales encauzar a un jefe de estado en funciones.
Promoción de Legislación:
Las familias de Alejandre, Costa y De la Peña se unieron a otras familias norteamericanas que habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y desempeñaron un papel clave en la promoción de una ley que fue promulgada en el 2000 por el Congreso de EE.UU. La Ley de Justicia para Víctimas de Actos de Terrorismo fue ratificada en octubre de 2000 como parte de la Ley de Protección a las Víctimas de Tráfico y Violencia. Esta ley permite que ciudadanos estadounidenses que hayan sido objeto de actividades terroristas patrocinadas por estados extranjeros, cobren las sumas adjudicadas en fallos judiciales. Esta legislación constituyó un hito que sirvió para hacer justicia a numerosas familias estadounidenses cuyos seres queridos habían sido víctimas de actos de terrorismo por parte de gobiernos.
Antes de recibir las indemnizaciones, las familias prometieron destinar fondos para becas escolares y causas caritativas en la comunidad. ¿Qué han hecho para lograr este fin? ¿Qué fundaciones han establecido?
Con las indemnizaciones compensatorias recibidas por las familias de Alejandre, Costa, y de la Peña a través de la demanda civil, se crearon cuatro fundaciones en el año 2000. Las mismas incluyen una fundación colectiva y tres fundaciones individuales:
  • ◊ Costa Foundation
  • ◊ Armando Alejandre February 24, 1996 Memorial Foundation
  • ◊ De la Peña Foundation
Las familias también ofrecieron asistencia a la familia de Pablo Morales. Cada familia donó una cantidad para ser distribuida en nombre de Pablo a organizaciones caritativas, conforme con los deseos de su mamá, Eva Barbas. Otros fondos fueron destinados al hermano de Pablo y su familia.
¿Qué han hecho desde su creación estas fundaciones?
Las fundaciones han concedido numerosas becas escolares y han hecho donativos a causas caritativas. Estos incluyen donaciones a Habitat for Humanity, Camillus House, Embry Riddle University, Miami-Dade College, South Miami Hospital, Mercy Hospital, Jackson Memorial Hospital, Angel Flights, Catholic Home for Children, VA Hospital, St. Jude Hospital, St. Mary School, Monsignor Pace High School, Saint Vincent de Paul y varias iglesias de la comunidad.
La Fundación Costa también estableció el Centro Legal de Derechos Humanos e Inmigración Carlos A. Costa en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida. El centro ofrece asesoramiento legal a refugiados que han huido de sus países y no poseen los recursos para contratar a un abogado.
Las familias proponen mantener estas fundaciones permanentemente en memoria de Armando, Carlos, Mario y Pablo.
¿Qué resta aún para hacer justicia?
Los autores intelectuales y materiales del derribo deben ser llevados ante la justicia. El gobierno estadounidense debe producir los encauzamientos de todas las personas involucradas en este crimen y las partes responsables deben ser llevados a los EE.UU. para ser enjuiciados en tribunales de derecho. Las familias también esperan que puedan ser enjuiciados en tribunales internacionales o los de una Cuba democrática.
Para que se haga justicia, se tiene que conocer toda la verdad sobre este derribo tanto en los EE.UU. como en Cuba. Es de especial importancia informar a la juventud para que entiendan que el 24 de febrero personas inocentes perdieron la vida. El mejor y más duradero honor que le podemos dar a Armando, Carlos, Mario y Pablo es educar a nuestros futuros líderes sobre el valor de los derechos humanos y la responsabilidad que tenemos de respetarlos.